“Contingencia superada”, gobiernos deben reconstruir sin secretos financieros

Estatales, Política

Giselle Melchor/ Diario El Fortín 

Oaxaca, Oax. 9 de noviembre de 2017.- El titular del ejecutivo federal anunció que las labores de reconstrucción para las entidades que sufrieron los sismos del mes de septiembre costarán alrededor de 50 mil millones de pesos, casi lo equivalente al presupuesto anual que recibió Oaxaca en 2017 (poco más de 62 mil millones de pesos) por lo que persiste la interrogante sobre cómo se destinará el presupuesto en la entidad, para el 2018.

Organismos no gubernamentales han señalado que “es muy probable que esta cifra tenga que ser ajustada con base en una metodología rigurosa y transparente, que permita la sistematización de la información sobre las afectaciones en las distintas entidades federativas”

Lo que es un hecho, es que en el país será necesario movilizar una cantidad importante de recursos, tanto públicos como privados para las labores de reconstrucción.

Han pasado dos meses del devastador sismo de 8.2 grados que cambió la vida de más de 120 mil oaxaqueños (según cifras oficiales) que continúan en condiciones precarias aunque los gobiernos quieran aparentar lo contrario.

El gobierno del Estado ha anunciado que una parte de la fase de reconstrucción concluyó al entregarse 63 mil tarjetas de acuerdo al número de folios censados, “el tema prioritario ahorita es la demolición y la recolección de escombros” declaró para una televisora nacional el gobernador priísta Alejandro Murat Hinojosa.

Como si la emergencia en el Estado estuviera superada, militares comenzaron a desalojar el albergue concentrado en el Instituto Tecnológico de Juchitán, levantaron la cocina comunitaria y unidades médicas, sin informar a las personas que ahí se encontraban, “simplemente simulando normalidad” de acuerdo con denuncias de los mismos pobladores.

Murat Hinojosa también dijo que “Claramente puede haber algunas incidencias que estaremos atendiendo, pero ayer también fue el día más importante en incidencias” refiriéndose al pasado lunes 6 de noviembre donde al parecer el gobierno dio vuelta de hoja a las demandas e irregularidades denunciadas en el Istmo de Oaxaca.

Guadalupe Jiménez, recibió de las manos del presidente de la república Enrique Peña Nieto, una tarjeta que alude “esta clonada” pues se encuentra en ceros, sin el dinero prometido; aumentando así el número de denuncias como ésta.

De igual forma entre otras irregularidades en el municipio de Juchitán de Zaragoza, más de 4 mil personas quedaron fuera del censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Si bien la reconstrucción en Oaxaca y demás entidades afectadas responde a la complejidad en el origen y manejo de los recursos designados para ello, por lo que los distintos niveles de gobierno deberán responder a los más de 120 mil damnificados, sin secretos financieros.

Por el momento la sociedad civil mexicana se ha unificado en una simple exigencia para los gobiernos: que haya concentración de información, que esté disponible y que se generen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, de control y seguimiento para no seguir abonando a la corrupción impregnada en el sistema político mexicano y lo primordial, que en esta reconstrucción no se vulnere la seguridad de las personas en futuras edificaciones.

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