Fallo histórico obliga al Congreso a emitir ley para regular publicidad oficial

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Giselle Melchor/ Diario El Fortín

Oaxaca, Oax. 16 de noviembre de 2017.- Con 4 votos a favor y uno en Contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo en materia de gasto de comunicación social.

Ayer la máxima autoridad judicial del país reconoció a través del Ministro Arturo Zaldívar que “la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.

Lo anterior dio paso para que la SCJN ordenara al congreso, expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. ZaldÍvar dijo que “no hay razón para que el Congreso de la Unión incumpla con la resolución de la SCJN”.

La organización internacional Artículo 19 recordó que desde la reforma político electoral de 2007, se adicionó el párrafo octavo al artículo 134 de la Constitución, estableciendo la obligación de todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos de difundir información con fines educativos y de orientación social. En dicha reforma se estableció en el artículo tercero transitorio un plazo máximo de 30 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Dicho mandato no se cumplió por parte del Congreso de la Unión. Siete años después, en la reforma político electoral publicada el 10 de febrero de 2014, se obligó de nueva cuenta al Congreso a legislar antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones (30 de abril de 2014). Una vez más no se discutió y aprobó ley alguna pese a la existencia de 17 iniciativas en la materia.

La iniciativa es un trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil Fundar México y Artículo 19 que desde hace 10 años trabajan por impulsar un cambio en la dinámica prevaleciente entre medios de comunicación y gobierno, mismos que ahora reconocen la labor de protección de la libertad de expresión de la Suprema Corte.

Artículo 19 destaca que el nuevo reto es que se suscite una discusión legislativa abierta, que cuente con la participación de la sociedad civil, periodistas, representantes de medios de comunicación, academia y organizaciones civiles que adopte los más altos estándares internacionales en la materia, por lo que exigen que esta discusión sea pronta al igual que la aprobación de la ley.

Otro momento fundamental será que la ley aprobada sea efectivamente implementada y el gasto de publicidad oficial sea ejercido a través de criterios claros objetivos, transparente, equitativo y con fines verdaderamente informativos, evitando en todo momento su uso discriminatorio y arbitrario.

Históricamente en México, los gobiernos han utilizado el dinero público para promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos. El gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017 sin ningún control y sin cumplir con los fines informativos que deben guiar dicha publicidad.

Cabe destacar que las organizaciones Fundar México y Artículo 19 participarán en una mesa de análisis este 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el hostal la noria, actividad convocada por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) sobre Transparencia y publicidad oficial que permita analizar el tema desde el contexto local, y que forma parte de la Agenda para la Libertad de Expresión que CODIGODH desarrolla en el estado de Oaxaca.

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